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Comunicado: Rechazamos la desinformación gubernamental sobre la investigación #EjércitoEspía

2022-10-12

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12 de octubre, Ciudad de México. Las organizaciones responsables de la investigación “Ejército Espía” rechazamos los señalamientos vertidos en la sección “¿Quién es quién en las mentiras?” durante la conferencia matutina del Presidente del 12 de octubre de 2022.

Al respecto, precisamos que la investigación conjunta aporta una serie de evidencias forenses, documentales y legales que permiten concluir, con un alto grado de probabilidad, el uso de Pegasus por parte de la SEDENA.

El informe de Citizen Lab es un análisis de carácter forense que prueba científicamente que las personas periodistas y personas defensoras de derechos humanos fueron infectadas con Pegasus de NSO Group, por lo menos entre 2019 y 2021. La investigación jamás ha afirmado que el informe de Citizen Lab atribuya los ataques con Pegasus a la SEDENA.

La evidencia e información que apunta a la SEDENA como autora de los ataques con un alto grado de probabilidad —y que no ha sido desvirtuada ni aclarada por la SEDENA o la Presidencia— consiste en los siguientes hechos:

1. Las víctimas desarrollaban labores de investigación y activismo relacionadas a violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas en la coyuntura de los ataques.

2. La SEDENA contrató en abril de 2019 un “servicio de monitoreo remoto de información” con Comercializadora Antsua S.A. de C.V., empresa que el propio gobierno ha reconocido como parte de un entramado de empresas que vendió Pegasus en el gobierno anterior y que, al momento de celebrarse el contrato, contaba con la representación exclusiva para ofrecer los productos de NSO Group ante la SEDENA.

3. La SEDENA ocultó y mintió sobre la existencia del contrato con Comercializadora Antsua ante solicitudes de acceso a la información, ante la Fiscalía General de la República y ante la Auditoría Superior de la Federación, situación que no ha sido ni desvirtuada ni explicada.

4. NSO Group ha declarado bajo juramento ante cortes de Estados Unidos y el Parlamento Europeo que únicamente comercializa sus productos a gobiernos, ya las ventas de Pegasus son monitoreadas y reguladas por el gobierno de Israel a través de una ley de control de exportaciones y el Ministerio Israelí de Defensa.

5. No existe evidencia de que entre 2019 y 2021 —periodo de los ataques denunciados en la investigación “Ejército Espía”— existan operadores privados de Pegasus en México o en otra parte del mundo. Si el gobierno posee evidencia o información que demuestre lo contrario, que la dé a conocer.

Lamentamos que el gobierno dedique tiempo y recursos públicos para desinformar y atacar a las víctimas de espionaje con Pegasus, así como a los medios y organizaciones que participan en la investigación, en lugar de tomar medidas para esclarecer el caso, como ha sido ordenado e incluso prometido por el Presidente de la República.

Reiteramos nuestra exigencia a que el gobierno federal:

1. Publique toda la información relacionada con el contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019 entre la SEDENA y Comercializadora Antsua S.A. de C.V., incluyendo su anexo técnico y todos los documentos relativos a la contratación y prestación del servicio.

2. Explique por qué la SEDENA ocultó y mintió respecto de la existencia de dicha contratación.

3. Solicite a NSO Group y al gobierno de Israel que hagan pública la lista de clientes en México y de licencias aprobadas respectivamente.

4. Responda si la SEDENA ha realizado o realiza intervenciones de comunicaciones privadas y, en su caso, muestre las autorizaciones judiciales para llevarlas a cabo.

5. Genere medidas de no repetición y reparación integral del daño a las víctimas que incluyan —pero no se limiten a— aceptar un Grupo de Expertos Independientes que conduzcan investigaciones independientes, objetivas y diligentes para asegurar que estos casos no queden impunes.

Hacemos un llamado a la opinión pública a no dejarse confundir por la desinformación y propaganda gubernamental, con la cual pretende evadir su responsabilidad y compromiso de entregar la información y de responder ante la evidencia que demuestra sus mentiras, violaciones a derechos humanos y otros actos ilegales contrarios a sociedades democráticas.

 

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