Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2018.-

La mañana del 19 de diciembre del 2018, el Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró, durante una conferencia de prensa, que “ya no hay golondrinas en el alambre”, para hacer referencia a que su gobierno no realizará acciones de espionaje. Horas más tarde, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Alfonso Durazo, declaró que no habrá “ninguna intervención telefónica que no esté judicializada; y si algún elemento de los cuerpos de seguridad incurriera en esa falla será severamente sancionado”.[1]

Las declaraciones, tanto del Presidente como del Secretario de Seguridad Pública, representan un compromiso expreso contra la vigilancia ilegal y el abuso de las facultades para intervenir comunicaciones. Al tiempo que saludamos las declaraciones, enfatizamos que el nuevo gobierno tiene ante sí la oportunidad de impulsar acciones orientadas a esclarecer los casos de vigilancia ilegal contra periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos, así como delinear las propuestas estructurales que eviten la repetición de violaciones a la privacidad.

La sentencia en el juicio de amparo 591/2018 del juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Fernando Silva García, emitida el 13 de diciembre de 2018, reconoce como violaciones graves a los derechos humanos a la vigilancia, el espionaje y la intromisión a la intimidad y vida privada sin orden judicial.[2] Dicha sentencia se suma a las valoraciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Expresión y del Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras su visita conjunta a México en 2017, quienes determinaron que la utilización de malware para vigilar a individuos tiene implicaciones profundas en el derecho a la libertad de expresión de las personas afectadas, debido a que perjudica la capacidad de estos individuos para: intercambiar información, realizar investigaciones, y construir y mantener relaciones con fuentes de información, además de crear incentivos para la autocensura.[3]

Dada la importancia y trascendencia del tema, así como en función del reconocimiento de los casos de #GobiernoEspía como una violación grave a los derechos humanos, las organizaciones firmantes exhortamos al Gobierno a reconocer y emprender las recomendaciones del juzgado de Distrito y los relatores especiales sobre libertad de expresión, las cuales se sintetizan y traducen en:

1. Dotar de la mayor presunción de publicidad y transparencia (bajo un estándar estrictamente excepcional de reserva) a toda aquella información que brinde evidencia al respecto de los casos de vigilancia y espionaje. Sobre el caso Pegasus, el juzgador observa que es información pública difundible aquella resguardada por la Procuraduría General de la República que versa sobre: el contrato; las características técnicas del software; la capacidad intrusiva del software; si ha sido posible su uso en exceso de competencias constitucionales; los nombres de los servidores públicos que celebraron la contratación y del apoderado legal de la empresa con quien se suscribió; y los antecedentes que originaron el contrato.
2. Asegurar la independencia de la investigación sobre la compra y uso de malware para vigilar y espiar, así como asegurar la incorporación de asistencia técnica durante el proceso. Ello implicaría, de acuerdo a los relatores, examinar e investigar de forma ágil e integral a todos los compradores y usuarios potenciales de Pegasus y a todas las fuentes de información, y proporcionar actualizaciones públicas regulares sobre la situación de la investigación.
3. Iniciar una investigación independiente sobre la posible corrupción, dado que, como señala el juzgador, existen indicios objetivos y razonables que apuntan al uso del software Pegasus en el contexto de actos de corrupción.
4. Comenzar un proceso de parlamento abierto para discutir un marco normativo que proteja a las personas ante interferencias arbitrarias y/o ilegales en su privacidad, incluyendo la protección de sus fuentes periodísticas, en línea con los estándares internacionales en la materia. Asimismo, de acuerdo a los relatores, sería necesario establecer controles judiciales y garantías para las agencias del Estado que realizan acciones de vigilancia, así como respecto al uso y adquisición de estas herramientas.
   

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   [1] Aristegui Noticias. Transmisión En Vivo. Disponible en: https://aristeguinoticias.com/1912/mexico/aristeguienvivo-19-12-ley-de-ingresos-presupuesto-del-sector-agropecuario-guardia-nacional-y-mardonio-entrevista-a-cuaron/.
   [2] Aristegui Noticias. INAI viola derecho de acceso a la información en caso #Pegasus: juez Silva. Disponible en: https://aristeguinoticias.com/1812/mexico/juez-enmienda-la-plana-al-inai-al-ordenar-apertura-del-expediente-pegasus/?code=reforma.
   [3] Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Expresión y el Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Observaciones preliminares del Relator Especial de la ONU sobre la libertad de expresión y el Relator Especial sobre libertad de expresión de la CIDH después de su visita conjunta en México, 27 de noviembre – 4 de diciembre 2017. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/Observaciones_Preliminares_ESP.PDF

Nota para prensa

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