2018-12-20
Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2018.-
La mañana del 19 de diciembre del 2018, el Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró, durante una conferencia de prensa, que “ya no hay golondrinas en el alambre”, para hacer referencia a que su gobierno no realizará acciones de espionaje. Horas más tarde, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Alfonso Durazo, declaró que no habrá “ninguna intervención telefónica que no esté judicializada; y si algún elemento de los cuerpos de seguridad incurriera en esa falla será severamente sancionado”.[1]
Las declaraciones, tanto del Presidente como del Secretario de Seguridad Pública, representan un compromiso expreso contra la vigilancia ilegal y el abuso de las facultades para intervenir comunicaciones. Al tiempo que saludamos las declaraciones, enfatizamos que el nuevo gobierno tiene ante sí la oportunidad de impulsar acciones orientadas a esclarecer los casos de vigilancia ilegal contra periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos, así como delinear las propuestas estructurales que eviten la repetición de violaciones a la privacidad.
La sentencia en el juicio de amparo 591/2018 del juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Fernando Silva García, emitida el 13 de diciembre de 2018, reconoce como violaciones graves a los derechos humanos a la vigilancia, el espionaje y la intromisión a la intimidad y vida privada sin orden judicial.[2] Dicha sentencia se suma a las valoraciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Expresión y del Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras su visita conjunta a México en 2017, quienes determinaron que la utilización de malware para vigilar a individuos tiene implicaciones profundas en el derecho a la libertad de expresión de las personas afectadas, debido a que perjudica la capacidad de estos individuos para: intercambiar información, realizar investigaciones, y construir y mantener relaciones con fuentes de información, además de crear incentivos para la autocensura.[3]
Dada la importancia y trascendencia del tema, así como en función del reconocimiento de los casos de #GobiernoEspía como una violación grave a los derechos humanos, las organizaciones firmantes exhortamos al Gobierno a reconocer y emprender las recomendaciones del juzgado de Distrito y los relatores especiales sobre libertad de expresión, las cuales se sintetizan y traducen en:
[1] Aristegui Noticias. Transmisión En Vivo. Disponible en: https://aristeguinoticias.com/1912/mexico/aristeguienvivo-19-12-ley-de-ingresos-presupuesto-del-sector-agropecuario-guardia-nacional-y-mardonio-entrevista-a-cuaron/.
[2] Aristegui Noticias. INAI viola derecho de acceso a la información en caso #Pegasus: juez Silva. Disponible en: https://aristeguinoticias.com/1812/mexico/juez-enmienda-la-plana-al-inai-al-ordenar-apertura-del-expediente-pegasus/?code=reforma.
[3] Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Expresión y el Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Observaciones preliminares del Relator Especial de la ONU sobre la libertad de expresión y el Relator Especial sobre libertad de expresión de la CIDH después de su visita conjunta en México, 27 de noviembre – 4 de diciembre 2017. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/Observaciones_Preliminares_ESP.PDF
Nota para prensa
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