Por: Juan M. Casanueva
El pasado 8 de julio desde PIT Policy Lab y el Laboratorio de Aceleración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) impulsaron una conversación sobre evolución y prospectiva de la tecnología cívica en la agenda para el desarrollo sostenible. En este espacio, distintas voces reflexionamos sobre la tecnología cívica en el contexto de COVID, y las principales oportunidades que se tienen para avanzar la agenda 2030.
Aquí se puede ver la grabación del webinar entero.
En SocialTIC nos pareció importante puntualizar algunas reflexiones plasmadas en esa conversación, en este post resumimos 5 provocaciones que consideramos fundamentales para fomentar la agenda de tecnología cívica y datos a nivel local, nacional y regional.
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Tecnología Cívica… ¿para quién?
Enfocarse en el uso de la tecnología para resolver problemáticas sociales y públicas ha sido el discurso detrás de múltiples iniciativas. A pesar de las mejores intenciones de donantes, organizaciones de sociedad civil, gobiernos y comunidades tecnológicas, al pasar de los años seguimos viendo muy pocas iniciativas que aterrizan en soluciones prácticas para la gente.
Si bien la publicación de datos, iniciativas de transparencia proactiva y análisis sobre aspectos públicos son relevantes en el fortalecimiento cívico; en el día a día la actividad cívica de la gente se limita a, si acaso, realizar clicktivismo en redes sociales. Y las problemáticas diarias que enfrentamos todos los días, tales como servicios públicos deficientes, violencia, insalubridad o corrupción, siguen sin ser impactados desde la esfera de la tecnología cívica.
Igualmente, a pesar de la vasta experiencia de iniciativas de comunidades tecnológicas, seguimos viendo hackatones, plataformas digitales y apps, que prometen resolver problemáticas profundas. Lamentablemente, estas soluciones quedan en el olvido meses después, principalmente porque jamás llegaron a una población usuaria acompañada de esfuerzos ambiciosos de comunicación y trabajo comunitario. De poco sirve hablar de tecnología cívica para la ciudadanía si ésta jamás será habilitada con ella.
Para tener procesos efectivos de adopción y habilitamiento tecnológico no sólo se requiere difusión y trabajo comunitario, sino que las iniciativas tengan trabajo de mediano plazo (preferiblemente desde la definición de la tecnología misma) con comunidades usuarias estratégicas. Solo así, se cerciora que la tecnología cívica realmente soluciona una necesidad real y la ciudadanía emprenda acciones cívicas consecuentes.
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¿Impacto? de la tecnología cívica y pública
Las iniciativas de tecnología cívica a nivel local, nacional y regional en América Latina no tienen el mejor récord de impacto o retorno al financiamiento invertido. A 15 años de esta agenda, es comprensible que se estén cuestionando el apoyar proyectos de tecnología cívica al ver un incremento cementerio de apps, plataformas y sitios web de datos que no permean más que en las comunidades mismas de tecnología cívica, datos abiertos y emprendimiento social.
La visión de tecnología cívica ha estado centrada en proyectos, que eventualmente son costosos y difíciles de mantener especialmente para la sociedad civil. Y en paralelo, las iniciativas de tecnología pública son esporádicas y suelen acabar cuando cambian quienes las impulsan desde dentro de las dependencias gubernamentales.
La perspectiva de impulso de proyectos en su mayoría contemplan programas o agendas de corto plazo, y esto provoca que cuando una iniciativa es impulsada y difundida, se le acaba el financiamiento o apoyo político gubernamental que le puedan permitir generar el impacto ambicionado.
Es fundamental que los gobiernos lleven a cabo agendas integrales de tecnología pública efectiva que sean adoptadas por la ciudadanía, para que ésta misma exija su seguimiento ante los cambios de personal y gobiernos.
Si bien el sueño perenne del trabajo colectivo para el cambio cívico siempre será un anhelo que debemos perseguir; desde sociedad civil y comunidades tecnológicas se deben establecer horizontes de tiempo que abarquen el diseño, lanzamiento y consolidación de proyectos e iniciativas involucrando a múltiples actores, no sólo los grupos de tecnología cívica.
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Datos ¿abiertos, de calidad y útiles?
La tecnología cívica es inherente a los datos abiertos. Los datos son insumos esenciales para proyectos basados en tecnología que ambicionan acercar información precisa a la ciudadanía para que identifique una problemática y tome acción para solucionarla.
A pesar de los avances en algunas regulaciones y esporádicas iniciativas ambiciosas de apertura, la agenda de datos abiertos sigue siendo débil. La evaluación del Barómetro para América Latina 2020 levanta focos rojos y plasma que la apertura de datos no es algo dado en nuestra región.
El Barómetro Regional de Datos Abiertos https://t.co/d2Vjmfe2uC, permite comparar la calidad de los datos entre países.
Esta herramienta nos deja ver cuánto hemos avanzado como región y cuánto nos falta para contar con gobiernos realmente abiertos. pic.twitter.com/HZgL0xllVq
— ILDA (@ildalatam) May 7, 2021
Las iniciativas de apertura de datos de calidad son contadas y dependen de la visión y liderazgo de personas en agencias de gobiernos nacionales o locales. La apertura de datos aún no se institucionaliza ni siquiera desde las agendas de transparencia y acceso a la información. No tendremos datos abiertos confiables y permanentes hasta que la cultura de gobierno latinoamericana base sus acciones en evidencia y tenga un compromiso real con la transparencia y rendición de cuentas.
Ante la falta de apertura permanente de datos de calidad, se depende del acceso a la información, la generación de datos desde la ciudadanía y la compleja transformación de formatos cerrados a abiertos. Las iniciativas de generación y almacenaje ciudadano de datos siguen siendo necesarias en América Latina, acompañadas de una gran labor y tiempo voluntario para la generación, limpieza y estandarización de la información.
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Inteligencia, ¿colectiva o de algunas cuantas empresas?
Desde grupos de tecnología cívica anhelamos que la información de las sociedades sirva para comprender mejor sus problemáticas y enfocar esfuerzos multisectoriales para resolverlas. Lamentablemente, eso no ha sido así. Hoy en día son las plataformas digitales y otras empresas gigantes las que han capitalizado esa información a través de acumular y analizar los datos de las personas en casi todos los aspectos de la vida. Los datos de nuestras sociedades no son públicos, son privados y su fin es el lucro de los más poderosos.
Hoy en día, hay empresas que tienen más datos de la ciudadanía derivada de servicios públicos concesionados que los mismos gobiernos que concesionaron esos servicios. Bajo una perspectiva de privacidad y privatización de datos de la ciudadanía, cuando se nombra a las “smart cities” es imposible preguntarnos ¿de quién son los datos de la ciudadanía? ¿con quién se comparte? ¿para qué fines realmente son utilizados?
Enfrentamos realidades encrucijadas, donde el mercado de datos (legal e ilegal) pertenece a quienes tengan la capacidad adquisitiva y de análisis de información para sus propios fines. Y frente a la débil apertura de datos, inclusive los datos públicos (ya limpios, verificados y estandarizados) se han privatizado para fines comerciales y políticos.
Sin entrar en debates de privacidad, la efectividad de la inteligencia colectiva en la agenda de tecnología cívica está basada en la disponibilidad igualitaria de datos cívicos para el gobierno y ciudadanía.
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¿Innovar o generar capacidades básicas?
Las comunidades e iniciativas de tecnología cívica en Latinoamérica vivimos la presión de innovar y al mismo tiempo fomentar capacidades básicas para que existan sectores sociales que den sentido y uso estratégico a los datos disponibles y así desarrollar propuestas de tecnología cívica.
Muchas veces nos preguntamos por qué se impulsan iniciativas de inteligencia artificial en lugar de capacidades para la generación de datos comunitarios en organizaciones de base y periodismo.
Este dilema no implica que sean excluyente la tecnología de frontera con las capacidades, pero sí que sea equitativa.
Nuestra región cuenta con comunidades y especialistas en datos y tecnología competentes y comprometidos con el impacto social. Vemos que organizaciones de sociedad civil, activistas y medios independientes han invertido en perfiles de tecnología y análisis para mejorar su impacto. A medida que se fortalecen los sectores sociales y de periodismo con especialistas técnicos se incrementan las oportunidades laborales para talentos que antes sólo veían espacio en el sector privado. También podemos ver mayores oportunidades para quienes desde los sectores sociales se han formado en datos y tecnología.
El escenario ideal debería contemplar la formación básica en el uso de datos y tecnología tanto para organizaciones de sociedad civil, organizaciones de base y periodistas, así como funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno. Solo así podremos seguir incrementando capacidades para que a mediano plazo sea factible impulsar más y mejores proyectos de innovación tecnológica para fines cívicos.