Recientemente tuvimos la oportunidad de conversar con especialistas sobre las consecuencias medioambientales de la Inteligencia Artificial en América Latina. Esta charla surgió a partir del post Impacto ambiental de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG), en el cual buscamos evidenciar que el consumo energético, de agua y las emisiones de dióxido de carbono (CO2) asociadas al uso personal de IAG no es muy distinto al de otras actividades de nuestra vida digital e, incluso, en muchos casos es inferior. Sin embargo, advertimos que lo importante es “mirar el bosque” y no solo un “árbol”.

Pasamos entonces a hacernos preguntas ya no sobre el impacto individual del uso de estas herramientas sino sobre la infraestructura que requieren y los impactos ambientales que esta tiene en los territorios donde se instala. Por ello buscamos a la investigadora Paz Peña —autora del libro Tecnologías para un planeta en llamas y directora del Instituto Latinoamericano de Terraformación—, con quien tuvimos la conversación sobre Impacto ambiental de la Inteligencia Artificial Generativa. Con ella hicimos un zoom out para ver el panorama general en la región y las tendencias que ha identificado desde sus indagaciones y en diálogo con activismos. También nos dimos cuenta que hacía falta seguir conversando y hacer un zoom in para reconocer esos patrones en casos específicos.

Para hacer este zoom in recurrimos a periodistas que hayan cubierto el tema de los centros de datos. Es entonces que realizamos una segunda charla titulada “Centros de datos en América Latina. Evidencia periodística de sus impactos ambientales”. Para ello, contamos con las aportaciones de Diana Baptista —cuyo reporteo aborda el caso del estado mexicano de Querétaro, y se ha publicado en Context y Wired en español— y Pablo Medina — editor en el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y uno de los coordinadores de la investigación La mano invisible de las Big Tech.

A continuación recuperamos algunas de las ideas planteadas en ambos espacios, esperando que dialoguen entre sí y ayuden al sector social de la región a entender mejor los impactos ambientales de la IAG. Buscamos alejarnos de lo que Valentín Muro ha llamado la “penitencia digital” para acercarnos a un entendimiento del panorama completo mediante el análisis crítico apoyado en evidencia proveniente de informes y periodismo de investigación.

Boom de centros de datos de hiperescala

Los centros de datos han formado parte de la infraestructura necesaria para la vida digital desde hace tiempo. “Son la versión física de internet y todo lo que guardamos en la ‘nube’”, explicó Diana Baptista. Sin embargo, como advirtió Paz Peña, hace unos cinco años comenzó a modificarse la discusión al respecto: “la Inteligencia Artificial es un jugador que cambia todo”. Para entrenar y correr modelos de IA se requiere una potencia de cómputo mayor y, por ende, mayores recursos —energía, agua, minerales— para cubrir esa demanda.

En Latinoamérica hay una gran variedad de centros de datos, distintos en tamaño y capacidad, con variados mecanismos de refrigeración y fuentes de energía, precisó Pablo Medina. Sin embargo, los centros de datos más potentes son lugares del tamaño de un estadio que alojan grandes racks de computadoras y funcionan las 24 horas del día, todos los días de la semana. A este tipo se le conoce como centro de datos de hiperescala. Son estos últimos los que están instalándose en años recientes dentro de nuestros territorios.

Energía sucia para los centros de datos

“Cada centro de datos de hiperescala tiene su propia subestación eléctrica”, nos indicó Baptista. Y estas subestaciones suelen emplear energías fósiles, que son consideradas “sucias” por la alta emisión de gases de efecto invernadero asociada.

Una de las empresas investigadas por la periodista declaró que, cuando falla la red eléctrica de Querétaro, México, donde está situado el centro de datos reporteado, recurre a generadores de emergencia que operan con gas natural. La Asociación Mexicana de Data Centers —que representa aproximadamente al 90 % de los centros de datos de dicho país—, afirmó a Baptista que no dejarán de usar energía fósil y que considerarán emplear energía renovable una vez que se establezcan como industria.

De acuerdo con el reporte Energy and AI, elaborado por la International Energy Agency y citado por Peña, a nivel mundial el 57 % de la electricidad usada por centros de datos proviene de fuentes fósiles (30 % carbón mineral; 27 % gas natural).

Paz Peña ha detectado que los centros de datos son el mayor cliente energético de empresas de energía a nivel mundial. Como la energía proveniente de combustibles fósiles resulta más barata que la de fuentes renovables, las empresas están optando por “energía sucia” para satisfacer la demanda. La transición energética se está reconfigurando en torno a las necesidades de las grandes empresas tecnológicas, también conocidas como Big Tech.

¿Cuánta agua consume un centro de datos?

Respecto al uso de agua, Baptista afirmó que no es fácil dar una cifra sobre el consumo de agua asociado a los centros de datos. En términos estrictos, la huella hídrica de un centro de datos debe de considerar el agua empleada en todo el ciclo de vida del sistema:

  • Minería. Obtención de minerales raros, materia prima para fabricar chips.
  • Procesamiento de los chips.
  • Funcionamiento del centro de datos (generación de energía).
  • Sistemas de enfriamiento: puede ser evaporativo directo (mayor uso de agua) o de circuito cerrado (menor uso de agua).

Baptista nos habló de un término relevante para medir el consumo hídrico: la eficacia de uso de agua, una métrica que se obtiene de dividir el consumo directo de agua (litros) entre la energía total consumida (kWh). El ideal es cero y su valor depende de factores como el tamaño, uso y ubicación del centro de datos, la fuente del agua y el clima del territorio.

De acuerdo con la información compartida por Baptista, para el caso de tres centros de datos en Querétaro, Microsoft declaró haber utilizado 40 millones de litros de agua, con una eficacia de uso de agua aproximada de 0.24 L/kWh para el año fiscal 2025. Esa cantidad de agua, apuntó Baptista, es la misma que se concede para uso público al municipio de Colón (67 mil habitantes al 2020), donde se encuentran ubicados estos tres centros de datos.

Diana estuvo en algunas comunidades en Querétaro y contó que, en el último año, coincidente con la operación de centros de datos a hiperescala, sus habitantes notan más escasez de agua y apagones. Aunque advierte que es difícil afirmar que esto sea únicamente a causa de los centros de datos, sí es verdad que estos han llegado a un territorio que ya tenía carencias y luchas.

Un problema, coincidieron Baptista y su colega Pablo Medina, es que las empresas suelen ocultar la información sobre el uso de energía y agua de sus centros de datos. Además, cuando la otorgan, no hay forma fiable de verificar que la información sea cierta.

Opacidad empresarial y complicidad gubernamental

En su investigación, Paz Peña ha detectado que las empresas detrás de los centros de datos tienen un diseño opaco y recurren a técnicas de ofuscación: poca claridad en sus informes, darle vueltas al asunto, presentar datos incompletos y confusos. Como ejemplo, narró un caso ocurrido en Montevideo, Uruguay, donde personas pobladoras solicitaron información sobre un centro de datos de Google, que se negó alegando secreto corporativo. El caso pasó a tribunales que, basados en el Acuerdo de Escazú, obligaron a Google a brindar información, misma que soltó a cuentagotas.

Peña advierte que los gobiernos, en diferentes niveles, han apoyado y permitido la opacidad por parte de las empresas. Un ejemplo de ello lo brindó Diana Baptista, quien narró cómo un grupo de activistas han fracasado en obtener manifestaciones de impacto ambiental (MIA) de los nuevos centros de datos en Querétaro debido a que dicha información no existe. El motivo: en palabras del secretario de desarrollo sostenible del estado, Marco del Prete, los centros de datos no requieren MIA porque están dentro de parques industriales, que ya tienen su propia MIA. Asimismo, dicha Secretaría está firmando acuerdos de confidencialidad con empresas internacionales.

Puerta giratoria y lobby empresarial

La investigación periodística en la cual participó Pablo Medina documentó casi 3 mil reuniones, encuentros y otras interacciones entre funcionariado y representantes de empresas tecnológicas entre 2012 y 2025. Brasil, con 1,955, registró unas 20 veces más acciones de influencia —también llamado lobby— que la Unión Europea, con 94. Chile registró 695, mientras que Argentina y Ecuador 55 cada país, por nombrar los más altos en el rubro.

¿Por qué ocurre esto? Peña identificó el fenómeno de puerta giratoria —personas que, en una misma industria, alternan cargos entre sector público y privado— como parte necesaria de la explicación. Dentro de equipos gubernamentales hay exejecutivos de empresas Big Tech, advirtió.

(Des)regulación a modo

Durante 2025 Chile cambió su Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), reduciendo el nivel de exigencia para que a un proyecto le sea requerida una evaluación ambiental. En el caso chileno, los centros de datos no se evalúan por su uso de agua o de electricidad, sino por el almacenamiento y uso de diésel, que muchos requieren para sus generadores eléctricos de respaldo.

Para el caso queretano, en México, según contó Baptista, los centros de datos están exentos a impuestos por emisión de gases de efecto invernadero porque legalmente no se les considera una industria sino un servicio. El argumento para ello es que no generan bienes físicos.

Las personas especialistas coincidieron en señalar cómo, bajo el argumento de atraer inversión, los gobiernos de la región suelen otorgar facilidades como exención de obligaciones fiscales, medioambientales y trato preferencial a las empresas de centros de datos. Mucho de ello pasa también por una tendencia a considerar a los datacenter como “infraestructura crítica”.

“No en mi patio” y la escala planetaria

Durante la charla con Paz Peña también nos acompañó la periodista y comunicadora española Marta G. Franco, quien compartió que la regulación Europea veta prácticas contra la ciudadanía europea, como reconocimiento de emociones mediante IA, pero no prohíbe que empresas europeas desarrollen esas tecnologías para exportarlas a otros países. Bajo esta lógica, se desplazan actores no deseados o malas prácticas a otras comunidades con menos poder de negociación. A esto se le conoce como “not in my backyard” (“no en mi patio”).

Ante ello, Paz Peña advirtió: “no hay que perder de vista que el problema es planetario”. En el capitalismo la industria siempre va a deslocalizar los impactos socioambientales más terribles hacia lugares donde haya menos regulación”.

Activismo para mejorar la tecnología

La preocupación por el uso de agua asociado a la IAG y a los centros de datos puede ser una oportunidad para volver más tangible y cercana la relación entre el mundo digital y los derechos humanos. Así lo ve Paz Peña, quien celebra que la narrativa está cambiando en algunos sectores de la sociedad.

Peña destacó el poder de las comunidades de influir en el diseño de las tecnologías, ya que con su organización y movilización empujan ajustes: “en el caso uruguayo, chileno y brasileño el activismo local y territorial ha logrado que haya cambios, como obligar a mayor eficiencia en el uso de agua. El activismo no es una barrera, es una forma de mejorar la tecnología”.

Baptista, por su parte, hizo el siguiente llamado: “la tecnología no existe en una nube abstracta. Tiene un costo. Necesitamos ser éticos y tomar decisiones informadas sobre cómo usamos y por qué usamos IAG. Es momento de discutir para qué llegan los centros de datos, qué significa el progreso tecnológico y si beneficia a todos”.

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